El escándalo que comenzó con el expríncipe Andrew terminó escalando hasta el punto más alto de la monarquía británica: el rey Carlos III. En las últimas semanas, el Parlamento británico confirmó que iniciará una investigación formal sobre los contratos de arrendamiento de varias propiedades reales, luego de que se revelara que Andrew vivió más de veinte años sin pagar un alquiler de mercado por su residencia oficial, Royal Lodge.
La polémica se encendió cuando salió a la luz que Andrew Mountbatten-Windsor ocupaba esa emblemática propiedad en Windsor sin abonar lo que se considera un alquiler comercial justo. Este dato provocó indignación pública y, rápidamente, la lupa se trasladó hacia el sistema completo de administración de bienes de la Corona.
Y ahí es donde entra en escena el rey Carlos. El monarca, que asumió el trono tras la muerte de Isabel II, administra una serie de propiedades a través del conocido Crown Estate: un mecanismo histórico implementado por el rey Jorge III para cubrir gastos estatales y personales mediante el uso de bienes reales.
Sin embargo, la controversia por Andrew despertó sospechas sobre posibles tratos preferenciales dentro de la familia y generó que el Parlamento exigiera revisar todos los contratos de arrendamiento vigentes. La investigación no sólo apunta a Royal Lodge, la propiedad que ocupaba Andrew antes de ser despojado de sus títulos por sus vínculos con Jeffrey Epstein. También incluye otras residencias emblemáticas de miembros clave de la realeza.
Entre ellas se encuentra Forest Lodge, actual hogar del príncipe y la princesa de Gales, quienes deberán demostrar que pagan un alquiler acorde a los valores del mercado británico. Otra propiedad bajo análisis es Bagshot Park, la mansión utilizada por el Duque y la Duquesa de Edimburgo.
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Existen sospechas de que podrían contar con un acuerdo de alquiler sumamente beneficioso, por lo que el Parlamento busca confirmar si cumple los estándares legales. A esta lista se suma la residencia de la princesa Alexandra en Richmond Park, cuyo contrato también será auditado minuciosamente.
La extensión de esta investigación abrió un nuevo capítulo de tensión para Carlos III, quien en pleno tratamiento contra el cáncer enfrenta un desafío político y mediático inesperado. El Parlamento quiere saber si el monarca ha supervisado correctamente los acuerdos de arrendamiento o si, por el contrario, permitió irregularidades que hoy comprometen la credibilidad de la Corona.
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Por su parte, desde el entorno del rey insisten en que todas las propiedades administradas por el Crown Estate cumplen con los procedimientos correspondientes. Sin embargo, la presión pública crece día a día, especialmente luego de que se revelara que Andrew habría evitado pagar millones durante años.
Mientras tanto, el Reino Unido observa expectante. La crisis no solo toca a un miembro polémico como Andrew, sino que ahora se instala directamente en el despacho de Carlos III, quien deberá enfrentar al Parlamento para aclarar su rol y el futuro de las propiedades reales.
